Los municipios y las comunidades autónomas que cerraron el año con superávit ahora enfrentan una nueva batalla más allá de la contabilidad: la reinversión de este superávit que ascendió a unos 5,000 millones, especialmente meses de elecciones regionales y municipales.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como las comunidades como las Islas Canarias y Galicia, se han quejado ante el gobierno, solicitando un decreto que les permita usar lo que ahorraron el año pasado para dedicarlo a servicios públicos o inversiones.
Un asunto que contó con la aprobación de la ministra María Jesús Montero, pero que ante el fracaso de los Presupuestos que incluía esta disposición para los municipios se encuentra en un limbo legislativo.
Como señalan las fuentes de Finanzas, el asunto está a la espera de que el Ministerio resuelva otro problema: los 7.000 millones de entregas a cuenta a las comunidades y los consistorios que han encontrado dudas legales sobre su viabilidad del Colegio de Abogados del Estado.
En el departamento dirigido por Montero se está afinando la propuesta para obtener la aprobación legal del decreto. Pero hasta que se logre, esto sirve como un freno al decreto deseado por los municipios y las regiones.
Hasta entonces, la Ley de Estabilidad rige desde 2012 que cualquier excedente y remanente de comunidades y consistorios deben tener como objetivo reducir el endeudamiento de toda la Administración.
Un colchón de recursos que el Tesoro no permite gastar en otros temas como servicios sociales o inversiones.
El gobierno de Mariano Rajoy introdujo la excepción de las inversiones financieramente sostenibles, pero es necesaria la aprobación anual del Ejecutivo que se ha dado en los últimos años. En 2018, estos beneficios se relajaron aún más, inicialmente se dirigieron solo a corporaciones locales, con un mayor número de inversiones sostenibles, y las comunidades autónomas también se incluyeron en los excedentes.
Entonces, el peso político de los consistorios y distritos se está expandiendo.
El líder de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo un par de días antes que había atendido una carta al Ministro de Finanzas para destinar los 125 millones que recibió en 2018 al gasto social. La instancia de Galicia no es la única: las Islas Canarias también solicitaron este mes estándar para volver a utilizar casi seguramente el exceso de 2018, que por su situación se considera el más grande: hasta noviembre tenía 667 millones, 1.44 % del PIB.
La mejora de los registros ha hecho que este año se multipliquen los locales que han cerrado 2018 en exceso.
Nueve de las 17 redes exhibieron esta circunstancia en la información de ejecución de gastos hasta noviembre.
A pesar del hecho de que estas cifras disminuirán en la escasez de información hacia el final del año distribuida por el Tesoro, ya que existen especulaciones y costos no abordados hacia el final del año que disminuyen el déficit de las organizaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario